La recién aprobada reforma de la Ley de Dependencia incorpora varios cambios esenciales:
👉 Reduce el plazo máximo para resolver los expedientes de dependencia de seis a tres meses.
👉 Establece una equiparación automática con el grado de discapacidad. Esto significa que el Grado I de dependencia otorga directamente un 33% de discapacidad, mientras que los Grados II y III equivalen a un 65%, unificando los trámites y agilizando el acceso a las ayudas.
👉 La Administración General del Estado asume por ley la financiación del 50% del sistema, inyectando 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas (se eliminan las incompatibilidades actuales, haciendo posible combinar prestaciones como el centro de día con la ayuda a domicilio, y convierte la teleasistencia en un derecho subjetivo para todos los beneficiarios).
👉 La figura del cuidador no profesional: permite que amigos, vecinos o convivientes sin lazos familiares directos asuman el rol de cuidadores, con las cotizaciones a la Seguridad Social cubiertas por el Estado.
👉 Asistente personal: se potencia su figura para todas las edades y se amplían las tareas de la ayuda a domicilio para incluir el acompañamiento médico y las gestiones cotidianas.